Los frentes de lucha del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) se mantienen con la Federación Deportiva del Guayas (FDG) y el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura con su Viceministerio del Deporte. Con la entidad provincial, la lucha es por la administración de las oficinas, del edificio ubicado junto a la planta central del COE; mientras que con la entidad estatal es por el no registro de su directorio elegido en mayo del 2025.
El 15 de enero de este año, FDG a través de su presidenta María Eduarda Fuentes dio por terminado el Contrato de Comodato de ese espacio físico y como argumento fue de que el COE anunció de que no tenía recursos para el mantenimiento de este predio; sin embargo, el pasado 2 de febrero, el COE retomó la administración de esas oficinas por una sentencia del juez de Garantías Constitucionales, Rodolfo Bolaños Murillo, quien emitió una medida cautelar que devolvió la administración de esas oficinal al Comité Olímpico Ecuatoriano.
El pasado 13 de marzo, FDG publicó un mensaje, firmado por su Presidenta, donde da a conocer que el COE había presentado una Garantía Jurisdiccional para que se ratifique su derecho sobre las oficinas, pero el dictamen no les fue favorable. «Posterior a la notificación realizada por Fedeguayas al COE sobre la terminación parcial del contrato de Comodato suscrito por dichas entidades, (terminación realizada por el incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento y prestación de servicios del COE), este último interpuso una garantía jurisdiccional ante autoridad judicial con el fin de mantenerse en la administración de dichos escenarios».
En otra parte acota: «Hoy, la justicia ha resuelto en favor de FDG dentro de dicha garantía planteada, por lo que estos predios regresan a nuestra administración y reitera que FDG garantizará el acceso y uso adecuado de estos espacios deportivos».
COE niega que sentencia, les haya sido desfavorable
El mismo viernes 13 de marzo, en las cuentas oficiales de sus redes sociales, el COE, sin firma de responsabilidad, y con el título: «Ante interpretaciones equivocadas que buscan confundir a la opinión pública» explica y da a entender de que la supuesta sentencia judicial, de la que FDG hace referencia, no fue favorable para el ente provincial, sino que los ratifica, a ellos, como responsables de las oficinas administrativas.
«Posterior a la toma ilegal y violenta de nuestras instalaciones, se nos otorgó una medida cautelar, hoy el juez competente frente a la reducción de riesgos y amenazas decidió su reconsideración. La administración de los predios corresponde al COE conforme al contrato de comodato vigente. Cualquier vulnerabilidad a este instrumento legal podría interpretarse como una injerencia más en la administración de un organismo autónomo como el COE».
En la parte final acota, «Reiteramos nuestro compromiso con la legalidad y la protección del patrimonio deportivo del país e invitamos a la parte correspondiente a respetar la vigencia del contrato de comodato o como parte interesada en terminarlo por anticipado, encontrar a través del diálogo y las vías marcadas en la ley, consensos y acuerdos que permitan la satisfacción de ambas partes, respetando las normas correspondientes y el debido proceso. La nobleza del olimpismo no está para tolerar eventos violentos, ni arbitrarios».
Consultado el secretario general de FDG, sobre el último comunicado del COE, indicó: «Es el criterio que ellos manejan al igual que cuando perdieron la Acción de Protección en contra del Viceministerio del Deporte. Es como ellos lo quieren ver, pero en legal y debida forma, se les revocó la medida que ellos pusieron y perdieron nuevamente«. (C)