El portal de noticias olímpicas Inside The Games (insidethegames.biz), fundado en el Reino Unido por el periodista británico Duncan Mackay y cuyo control editorial pasó temporalmente a España, y que desde mayo del 2024, el sitio es controlado por Itg Media Dmcc (empresa que gestiona la operación editorial de dicho sitio web, especializado en JJ.OO., Paralímpicos y de la Commonwealth), con sede en Dubái, publicó, en su edición de este viernes 23 de enero, una cronología, escrita por el periodista argentino-italiano Raúl Daffunchio Picazo, sobre la controversia entre el COE y el Viceministerio del Deporte, ahora dirigido por Roberto Ibáñez.
La nota titulada ‘Se profundiza la crisis institucional en Ecuador‘, señala que, «El malestar en torno a la gobernanza deportiva del Ecuador desde las elecciones del 5 de mayo del 2025 se intensificó nuevamente en los últimos días con un episodio que golpeó directamente a la estructura olímpica nacional: La intervención parcial en la sede del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) por parte de personal identificado con la Fedeguayas (FDG).
Agrega que: «El incidente, ocurrido el 15 de enero, fue calificado de «vergonzoso» y «arbitrario» por las autoridades olímpicas, que denunciaron una intervención sin base legal y advirtieron de posibles consecuencias, incluida la más grave: exclusión de las pruebas clasificatorias e incluso de las previas a Los Ángeles 2028″.
Añade, «Durante una conferencia de prensa realizada el 16 de enero, el secretario general del COE, John Zambrano; el tesorero, Fernando Ibáñez; y el asesor legal, Francisco Moreno, manifestaron que FDG pretende dar por terminado unilateralmente el contrato de comodato de 1982, que aún tiene seis años de vigencia».
El resto de la nota es como sigue:
Moreno destacó que ambas entidades «Son personas jurídicas privadas, es decir, no tienen facultad alguna para resolver un contrato por sí solas», y agregó que lo actuado el día anterior «es totalmente ilegal y más bien configura un delito que será denunciado ante la Fiscalía General de la Nación«.
La disputa también se trasladó al ámbito del liderazgo. Según Moreno, quienes lideraron la intervención, la presidenta interina de FDG, María Eduarda Fuentes Choez, y el administrador, Washington Guerrero Lara, «han asumido funciones de jueces y ejecutores que no les corresponden», enfatizando que «vivimos en un estado de derecho, y la ley debe respetarse«.
Mientras tanto, en el edificio ubicado al costado del estadio Alberto Spencer, FDG colocó candados en los accesos y posicionó una cámara directamente frente a las oficinas administrativas del COE.
El organismo provincial argumenta que actuó porque el propio COE reconoció dificultades financieras para garantizar el mantenimiento y los servicios básicos, aunque el Comité Olímpico insistió en que cualquier terminación anticipada del acuerdo debe ser declarada judicialmente.
El conflicto subyacente, sin embargo, se remonta a las elecciones de 2025, cuando Jorge Delgado fue reelegido con 37 votos contra Roberto Ibáñez, quien obtuvo 33. El proceso fue validado por un delegado del Comité Olímpico Iinternacional (COI) y un asesor de la ODESUR y no enfrentó ninguna impugnación formal. A pesar de ello, el entonces Mindeporte, hoy viceministerio del Deporte —ahora dirigido por Ibáñez— no ha registrado al comité ejecutivo electo, lo que ha generado un estancamiento institucional que se ha prolongado durante meses.
Ibáñez argumenta que la reelección de Delgado viola el Art. 151 de la Ley del Deporte y un dictamen emitido por la Procuraduría General del Estado, publicado en octubre de 2023 (que impide la reelección de un dirigente para un tercer periodo). El COE sostiene, sin embargo, que la normativa vigente permite que los candidatos se postulen a distintos cargos y que el Art. 71 del Reglamento a la Ley del Deporte lo hace explícito.
Más allá de la disputa política, el conflicto tiene una dimensión estrictamente jurídica. Moreno recordó que el marco legal ecuatoriano establece una jerarquía clara: primero la Constitución, luego la Ley, seguida de los reglamentos y, en un nivel inferior, las opiniones administrativas como la emitida por la Procuradurcía. Bajo esta estructura, afirmó, un criterio interpretativo no puede restringir lo establecido en la Ley del Deporte, ni en su Reglamento, y argumentó que la elegibilidad de Delgado se ajusta a estas normas de mayor jerarquía. Este punto técnico, nada desdeñable, se ha convertido en el núcleo de la disputa (punto de vista del autor de la nota).
La falta de reconocimiento del Comité Ejecutivo provocó la suspensión de la financiación estatal, lo que provocó el cierre de los departamentos médico y metodológico del COE a inicios de enero. Ante esta situación, algunas federaciones y el Viceministerio del Deporte buscan alternativas para mantener el apoyo a los atletas, mientras que el COE insiste en que el estancamiento pone en peligro la planificación de eventos multideportivos.
Paralelamente, figuras del deporte ecuatoriano comenzaron a posicionarse. El exmaratonista Franklin Tenorio, dos veces olímpico y una de las figuras más destacadas del atletismo nacional, criticó la dinámica, afirmando que «con la constante amenaza de que el deporte ecuatoriano sea suspendido por interferencias políticas, los atletas son prácticamente tomados como rehenes». Añadió que quienes todavía compiten rara vez se sienten capaces de expresar una opinión sin temor a repercusiones: «Cuando eres deportista, hay amenazas si te pones de un lado o del otro. Todavía ocurre«.
Tenorio también exigió responsabilidad ética a los exatletas que ahora ocupan puestos de liderazgo. «Si fueran olímpicos, deberían respetar, ante todo, la Constitución de nuestro país (…) Deberían ser muy éticos y dar ejemplo«, afirmó, señalando posteriormente prácticas arraigadas en la gobernanza deportiva nacional, como los mandatos indefinidos y los beneficios asociados a los puestos de liderazgo.
A medida que la disputa se prolonga, aumenta el riesgo de consecuencias internacionales. Moreno advirtió que, de continuar las medidas de facto, «el único resultado será la suspensión de Ecuador» de los eventos del ciclo olímpico. Por su parte Zambrano añadió que el COI y otras organizaciones conocen la situación desde las elecciones de 2025, lo que aumenta el escrutinio sobre la continuidad operativa del Comité.
Para mitigar el impacto inmediato en los atletas, el COE afirmó haber consultado a organismos internacionales para facilitar las inscripciones y los pagos directos por parte de las fedenacionales. «Seguimos recibiendo las largas listas de las Fedenacionales por deporte», anunció el COE, a la espera de una respuesta formal.
Para el autor de la nota, «Los próximos meses serán decisivos. Etapas clave del calendario se sitúan entre enero y abril, incluyendo los Juegos Suramericanos de la Juventud, en Panamá, donde la inscripción es responsabilidad del COE y la logística depende directamente del financiamiento estatal. Sin una solución institucional, el sistema deportivo ecuatoriano quedará atrapado en una paradoja: los atletas podrán ser admitidos a las competencias, pero carecerán de los mecanismos administrativos necesarios para viajar , permanecer y competir en condiciones adecuadas».
Reflexiona al indicar que, «En un clima de creciente cansancio, el resultado dependerá de una resolución legal o de la intervención de organismos internacionales. Hasta entonces, el impasse COE-FDG-Ministerio de Educación, Deporte y Cultura seguirá marcando el rumbo del movimiento olímpico; mientras atletas, entrenadores y federaciones (ecuatorianas por deporte) intentan mantener su preparación en medio de una incertidumbre que ahora se extiende más allá del deporte y amenaza con agravarse. (D)